La Ley Bases vuelve a ocupar el centro del debate legislativo. El oficialismo planea obtener dictamen el 25 de junio y votar el 27 del mismo mes, momento en el cual se definirá el futuro del monotributo social. La Cámara de Senadores ya rechazó el artículo 100, que prácticamente derogaba este régimen. Desde 2019, la cantidad de contribuyentes al monotributo social ha crecido más de un 70%. La última palabra la tiene ahora Diputados, generando preocupación entre las cooperativas, que advierten sobre la creciente informalidad laboral.

El diputado Itaí Hagman, del Frente Patria Grande, alertó a sus colegas sobre las consecuencias de los cambios propuestos por el Gobierno. "Estamos a tiempo de evitar una injusticia muy grande si me prestan atención dos minutos", afirmó. Hagman propuso una ventana de noventa días para que el Gobierno y la oposición negocien la incorporación de una categoría de monotributo inferior a la “A” en el régimen simplificado.

Esta iniciativa fue respaldada por Nicolás del Caño (FIT), Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal), Pedro Galimberti (UCR) y Daniel Arroyo (UP), y se incluyó en Diputados como parte del paquete fiscal en el Título VI del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Sin embargo, la senadora Alejandra Vigo propuso votar por separado el artículo 100, resultando en su exclusión con 30 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones.

Noelia Villafane, presidenta de Monotributistas Asociados República Argentina, advierte que la eliminación del monotributo social afectaría a 1.203.041 trabajadores de bajos ingresos. Actualmente, los monotributistas sociales pagan $3.228 mensuales, pero con las modificaciones aprobadas en el monotributo, esa cifra ascendería a $9.900, y con el dictamen que se iba a aprobar en Senadores, llegarían a pagar $23.600, más $13.800 por adherente.

Las cooperativas ven con preocupación esta situación. Joaquín Labagnara, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Tres de Febrero (Fe.Coo.TREF), resalta la importancia del monotributo social para acceder a obra social y aportes jubilatorios, permitiendo una formalización laboral que ahora está en riesgo. "La posible eliminación implica un fuerte impacto en la retribución de los ingresos", advierte.

La alternativa que se baraja en la Cámara Baja es insistir con el texto original incluyendo una prórroga de 90 días para la creación de una nueva figura del monotributo social. Según Luis Campos, investigador de la CTA-Autónoma, el monotributo social creció un 71% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), considera que eliminar este régimen aumentaría la informalidad y presionaría más al sistema público de salud.

Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, señala que las reuniones para definir estrategias frente a la decisión en Diputados son constantes. El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano advierte que argumentar beneficios adquiridos a través de una figura tributaria es complejo, señalando la dificultad de aplicar el principio de no regresividad de las políticas sociales y laborales.

La discusión sigue en curso y su resolución será clave para miles de trabajadores y cooperativas en Argentina.

En un contexto de creciente preocupación, diversas cooperativas y entidades de la economía social de Buenos Aires han alzado su voz contra la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La movilización tuvo lugar durante la sesión en el Senado que busca modificar y devolver a Diputados, en segunda revisión, el controvertido proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Desde la sede del Congreso, líderes cooperativistas y miembros de la sociedad civil se congregaron para manifestar su rechazo. Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores de Cooperativos Asociados Limitada (Conarcoop), expresó a Mundo Cooperativo: "La Ley Bases atenta contra derechos conquistados como el monotributo social y la jubilación para amas de casa, sectores clave del cooperativismo de trabajo. Estamos aquí para evitar su aprobación".

Johanna Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), criticó la ley por sus impactos negativos sobre las mujeres de la economía popular. "Repudiamos esta Ley nefasta que dejaría a 9 de cada 10 mujeres sin jubilación y eliminaría el monotributo social, afectando a un millón de trabajadores sin acceso a la obra social", declaró.

El RIGI, según Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), "debería ser extirpado porque favorece a los grandes inversores en detrimento de la industria nacional". Rossi enfatizó la necesidad de un Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) robusto que promueva y respalde a las cooperativas.

César Malato, presidente de la Federación de Cooperativas Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua (FEDESAM), subrayó que la ley es "anticonstitucional y perjudicial para el pueblo trabajador y la producción local". Andrés Ruggeri, director del Programa Facultad Abierta de la UBA, advirtió sobre la "reconfiguración brutal del capitalismo en Argentina" que implicaría la ley.

Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), afirmó que "la aprobación de esta ley sería un modelo injusto que conllevaría la pérdida de derechos para los ciudadanos y trabajadores". También manifestó su preocupación por la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que podría disolver organismos como el INAES.

La presión y movilización parecen estar teniendo un impacto. Durante la sesión, el senador Bartolomé Abdala anunció modificaciones significativas en el proyecto de ley, excluyendo a varios organismos estatales de la lista de posibles privatizaciones y manteniendo vigentes la moratoria para la jubilación y la pensión por invalidez.

Así, las cooperativas y entidades de la economía social de Buenos Aires continúan su lucha contra la Ley Bases, sumándose a sindicatos y otras organizaciones sociales en defensa de sus derechos y del desarrollo productivo del país.

Una iniciativa para la reinserción socioeconómica de personas en conflicto con la ley

En una destacada acción de responsabilidad social, asociados del Banco Credicoop han capacitado a personal y tutelados del Instituto Provincial de Reinserción Social (IPReS) con el objetivo de incentivar la creación de cooperativas de trabajo. Esta iniciativa está dirigida a personas con condenas penales o en conflicto con la ley que gozan de libertad anticipada, condicional o beneficios similares, con el propósito de lograr una reinserción socioeconómica más efectiva y evitar la reincidencia.

“El propósito de este taller es brindarles herramientas y conocimientos sobre las cooperativas, ya que la herramienta cooperativa no es una, sino la mejor forma asociativa”, señaló el contador Mario Sosa. Junto al licenciado Hugo Auderut, ambos asociados al Banco Credicoop, llevaron adelante la capacitación.

Durante el taller, los participantes se interiorizaron en los diferentes momentos de la vida de una cooperativa, abarcando temas fundamentales como la asamblea constitutiva, los deberes y obligaciones, derechos de los asociados, grados de responsabilidad de cada uno de ellos, órganos de conducción, estatutos, reglamentos, tareas administrativas y los distintos órganos de fiscalización.

El Instituto Provincial de Reinserción Social (IPReS), que depende de la Dirección de Derechos y Garantías Constitucionales del Ministerio de Gobierno, ya tiene en marcha tres cooperativas integradas por tutelados y está avanzando en la creación de otras. Esta iniciativa refleja el compromiso del IPReS con la reintegración social y económica de personas en situación de vulnerabilidad.

Esta colaboración entre el Banco Credicoop y el IPReS destaca la importancia de las cooperativas de trabajo como una herramienta eficaz para la inclusión social. Al proporcionar conocimientos y habilidades específicas, se busca que las personas en conflicto con la ley puedan formar y gestionar sus propias cooperativas, promoviendo así un modelo de economía solidaria y reduciendo las tasas de reincidencia.

El éxito de este programa de capacitación subraya el poder transformador del cooperativismo en la vida de las personas, demostrando que, con el apoyo adecuado, es posible construir un futuro más inclusivo y equitativo para todos.