El debate legislativo sobre la derogación de normas consideradas obsoletas encendió la preocupación del sector cooperativo, que advierte sobre un posible aumento de la presión impositiva y sus consecuencias en el desarrollo territorial.
El avance del proyecto conocido como “ley hojarasca” en el Congreso nacional abrió un nuevo frente de discusión para el movimiento cooperativo argentino. Bajo el argumento de simplificar el entramado normativo y eliminar leyes en desuso, la iniciativa incluye la derogación de disposiciones históricas que, según referentes del sector, cumplen un rol clave en la sostenibilidad económica de estas entidades.
Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno a la eliminación de beneficios establecidos hace casi un siglo. Entre ellos, la Ley 11.380, sancionada en 1926, que contemplaba herramientas de financiamiento y, especialmente, una exención impositiva sobre edificios y construcciones de las cooperativas.
De concretarse su derogación, estos activos pasarían a formar parte del cálculo tributario, incrementando la base imponible sobre la cual se aplican distintos gravámenes. Diversos actores del cooperativismo advierten que esto podría traducirse en un aumento significativo de la carga fiscal, afectando la capacidad operativa de entidades que, en muchos casos, cumplen funciones esenciales en sus comunidades.
En ese contexto, el debate no se limita a una cuestión técnica. Las cooperativas sostienen servicios públicos, producción agropecuaria, redes de consumo y sistemas de salud solidarios en amplias regiones del país. Por eso, desde el sector remarcan que cualquier modificación en su esquema tributario impacta directamente en la economía real y en el acceso a servicios básicos.
Las advertencias también apuntan a posibles efectos colaterales: menor inversión en infraestructura, dificultades para sostener el empleo y debilitamiento del entramado social que estas organizaciones representan.
Sin embargo, el tratamiento legislativo mostró señales de apertura al diálogo. En el marco de las comisiones, representantes del oficialismo anticiparon revisiones al texto original, luego de los planteos realizados por federaciones y confederaciones cooperativas. Este gesto evidencia el peso específico del sector, cuya presencia territorial y diversidad de actividades lo convierten en un actor relevante dentro del sistema productivo argentino.
Más allá de los cambios puntuales que pueda tener el proyecto, el episodio reaviva un debate de fondo: el rol del cooperativismo en la economía y la necesidad de contar con un marco normativo que reconozca sus particularidades. En un escenario de transformación económica, el desafío será encontrar un equilibrio entre la actualización del sistema legal y la preservación de herramientas que históricamente han permitido el desarrollo de un modelo basado en la solidaridad y la producción con arraigo territorial.