La entidad solidaria está en juicio con la empresa mayorista por una deuda millonaria que contrajo producto de los aumentos tarifarios de estos últimos tres años.
Las políticas de dolarizar las tarifas de servicios básicos del gobierno nacional saliente trajeron grandes inconvenientes para las cooperativas de electricidad de todo el país, las cuales, muchas de ellas, no pudieron hacer frente a los costos excesivos por el pago mayorista de dicho servicio.
Una de las entidades más afectadas por esta situación es la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Rawson (Chubut), la cual se encuentra en juicio con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por la deuda contraída en este último tiempo.
Creemos que “con las nuevas autoridades municipales asumidas vamos a entablar las negociaciones formales de poder iniciar gestiones tendientes a poder solucionar esta situación junto al actual intendente Damián Biss”, dijo en una entrevista brindada a FM Chubut el presidente de la Cooperativa de Rawson, Marcelo Griffiths.
En esta dirección, el dirigente cooperativo explicó que “básicamente seguimos todavía en la misma situación que la semana pasada, no hemos sido notificados pese al conocimiento del movimiento del expediente en cuanto al segundo juicio por 190 millones, lo cual para nosotros podría desencadenar en un embargo de nuestras cuentas en un porcentaje mayor al 30% que estamos teniendo en este momento”.
Griffiths señaló que “conociendo la situación en particular de lo que han pasado en Trelew, nos hemos comunicado con Fabricio Petrakosky, presidente de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos (Fechucoop), entendiendo que, como va a estar en Buenos Aires junto al intendente de Trelew, Adrián Maderna, para hablar sobre la cooperativa de dicha localidad, le hemos solicitado que por favor también hable de nuestra situación”.
Por último, el presidente de la Cooperativa de Rawson aseguró que de confirmarse un nuevo embargo, la repercusión va a ser directa sobre el funcionamiento de la institución. “O dejaríamos de pagar insumos, proveedores, salarios, consecuentemente a todo ello entonces, se podría ver afectado la prestación de los servicios, de la distribución de energía, producción y conducción de agua potable”, concluyó.