Diciembre llegó con aumentos en las facturas de electricidad y Mundo Cooperativo consultó a Ricardo Airasca, presidente de la Comisión de Política Energética de FACE, para que explique cómo repercuten estas medidas en la economía de las cooperativas de electricidad.

Más de 700 trabajadores vinculados al sector cooperativo, organizaciones sociales y facultades universitarias participaron del evento que se realizó en la UNQui.

Las entidades beneficiarias deberán utilizar el dinero para ofrecer el servicio de Internet.

En una nueva reunión de su directorio, las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobaron la adjudicación de los primeros subsidios a cooperativas y pymes de localidades de menos de 2.500 habitantes para que puedan ofrecer el servicio de Internet.

La Cooperativa Telefónica De Adelia Maria Ltda., cuya cobertura abarca las localidades de Monte de Los Gauchos y El Rastreador (Córdoba); y Grupo Equis S.A., con cobertura en las localidades de Darwin, Coronel Belisle y Pomona (Río Negro), resultaron los primeros ganadores del concurso que otorgará los aportes de inversión a través del Fondo Fiduciario del Servicio Universal perteneciente al Enacom. La iniciativa beneficiará a más de 5.500 ciudadanos que podrán acceder por primera vez a banda ancha.

Miguel Ángel De Godoy, presidente del Enacom, celebró la medida y señaló: “Hoy las comunicaciones son un factor de igualdad entre las personas, es por eso que el Estado debe garantizar que esto suceda y no puede delegar semejante responsabilidad. Ahora estas ciudades van a poder comunicarse con el mundo”.

Además, estos Aportes No Reembolsables (ANR), que provienen de los Fondos del Servicio Universal, tienen por objetivo avanzar en la reducción de la brecha digital y contribuir al plan de incorporación de más de 2 millones de hogares al uso de Internet para garantizar el acceso a las comunicaciones a todos los argentinos.

Discrepancias con el Enacom

En la provincia de Córdoba, además de la Cooperativa de Adelina María, más de 10 entidades del sector de la economía solidaria esperan por los fondos no reembolsables para extender la banda ancha y de esta manera contribuir con el objetivo dispuesto por el Enacom.

Dichas cooperativas presentaron sus proyectos ante la Comisión Evaluador a principios de 2017, pero recibieron como respuesta que de acuerdo a la resolución los fondos no podrán ser aplicados para migrar hacia una nueva tecnología que mejore el servicio, como es el tendido de fibra óptica, sino que deben destinarse a mejorar la red existente actual.

La Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión COLSECOR Ltda., consultó a las autoridades del Enacom “porque entienden que hay diferencias en la interpretación de la normativa 8899/16 y que los fondos deberían destinarse al tendido de fibra precisamente para mejorar la conectividad”.

De esta manera, las cooperativas que esperan por la adjudicación de los fondos argumentan que “muchas de las actuales redes coaxiles, por falta de inversión, no han contado por el mantenimiento adecuado. Por lo tanto, destinar fondos a la actualización no sería una instancia que posibilite mejorar el acceso a Internet”.

En respuesta a este reclamo, el Enacom entiende que el pliego “establecía claramente que el ANR estaba destinado a la actualización de la red existente y no para la migración de una tecnología a otra”. Según manifestaron desde el organismo, estos requerimientos se originan en limitaciones regulatorias en el uso de estos fondos que no permiten el financiamiento con ANR de inversiones que “representen una intromisión en términos de competencia, entre diferentes licenciatarios de servicios TIC (telefonía, TV por cable e internet)”.

Más de 110 personas participaron del evento que se realizó en la sede Centro de la UNLaM y que reunió a representantes del gobierno nacional, referentes del cooperativismo de todo el país y expertos de distintas disciplinas.

El 3 de noviembre, 217 alumnos, 48 docentes y dirigentes cooperativos participaron de la Jornada de Cierre del tradicional que se desarrolló la ciudad de Azul.

En la Honorable Cámara de Diputados, luego de aprobarse la reforma tributaria, el oficialismo comunicó que se eliminaron los artículos del proyecto donde establecía a gravar el cooperativismo.

 

Por Héctor Polino

El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley de reforma impositiva modificando entre otras cuestiones, la parte referida a las cooperativas y mutuales que realizan actividades de crédito y/o financieras; de seguros y/o reaseguros, y de ahorro.

Mediante un comunicado, la Federación Agraria Argentina manifestó su desacuerdo con el anuncio del Ejecutivo provincial de Córdoba sobre las medidas políticas tomadas sobre la sociedad rural.

El 7 de noviembre, Telefónica y Catel firmaron un convenio en el que le permitirá a las cooperativas asociadas a esta última prestar servicio como OMV.

El gobernador de la provincia, Gustavo Bordert, decidió vetar de manera completa la ley de promoción del trabajo cooperativo.

Después de siete meses de espera, el Poder Judicial designó a la fiscal encargada de tratar el amparo presentado por la cooperativa hotelera que busca frenar el veto de Mauricio Macri.

El encuentro se desarrolló los días 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Corrientes, dentro del marco del Acuerdo Federal Energético firmado el 20 de abril entre los gobernadores y el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan J. Aranguren, miembros de su gabinete y ministros, secretarios y presidentes de entes reguladores de 14 provincias participaron de la tercera reunión del Consejo Federal de Energía (CFE) que se realizó en la ciudad de Corrientes.

La apertura formal del evento, que se desarrolló en el Hotel de Turismo, estuvo a cargo del vicegobernador y el secretario de Energía de la provincia anfitriona, Gustavo Canteros y Eduardo Melano, respectivamente.

Tras el acto de apertura de la Asamblea se prosiguió a cumplir con el cronograma establecido. El primer día se analizaron aspectos jurisdiccionales del transporte eléctrico y armonización tarifaria de todo el país.

Representantes de la provincia de Córdoba y Mendoza realizaron una presentación sobre los alcances de la ley 23.879 de las obras hidroeléctricas y su impacto en los proyectos de represas. Se acordó que el CFE realice un trabajo completo de análisis de la mencionada norma, en función del marco constitucional actual. Además, las jurisdicciones provinciales pidieron también analizar el proyecto ley de seguridad de presas que propicia el ORSEP (Organismo Regulador de Seguridad de Presas) y su posible impacto en la generación hidroeléctrica.

Por la tarde, Andrés Chambouleyron, subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, y su equipo de colaboradores, presentaron las primeras conclusiones de la comisión de armonización tarifaria creada dentro del CFE, en base a información provista por las provincias. El análisis iniciado tuvo por objeto armonizar los diferentes sistemas tarifarios entre las distintas jurisdicciones.

En la segunda jornada, Marcos Pourteau, subsecretario de Exploración y Producción de hidrocarburos, informó sobre la reducción de subsidios al gas previsto por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Por su parte, Alejandro Sruoga, secretario de Energía Eléctrica, hizo lo propio con la quita escalonada de subsidios para el mercado eléctrico mayorista y el transporte eléctrico.

Alejandro Nicola, ministro de Energía de la provincia de Neuquén, realizó una presentación actualizada sobre inversiones y proyectos en Vaca Muerta, con información del organismo planificación de la provincia.

Además, Eduardo Melano presentó un estudio de prefactibilidad para un desarrollo de la infraestructura de abastecimiento de gas natural licuado a partir de gasoductos virtuales.

Por último, se acordó la próxima reunión en febrero de 2018 en la Ciudad de Buenos Aires.

Autorizan a Energía a vender centrales eléctricas del Estado

Durante la tercera reunión CFE se analizaron los alcances de las recientes medidas adoptadas en el sector de energía, entre ellas el Decreto 882/17.

La resolución, publicada el 1 de noviembre en Boletín Oficial, y por instrucción del presidente de la Nación, Mauricio Macri, resuelve vender centrales energéticas del Estado nacional que están en poder de Energía Argentina S.A. (ENARSA), a la vez que se decidió cambiarle nombre a ENARSA por “Integración Energética Argentina S.A.”.

Hasta el momento, el ministro Aranguren tenía bajo su órbita dos sociedades anónimas: la Empresa Binacional S.A. (EBISA) y Energía Argentina S.A. (ENARSA). A partir, del Decreto 882/17, EBISA (que comercializa por ejemplo la energía producida por Yacyretá) será por la empresa Integración Energética S.A.

Además de la nueva sociedad, a través del decreto, el presidente instruyó a Aranguren a que venda algunos activos en poder de ENARSA. Se estima que las ventas rondarán en los 1000 millones de dólares.

Entre los activos que buscarán vender, se encuentran:

  • Las centrales térmicas Barragán Ensenada y Brigadier López.
  • Las participaciones accionarias que tiene el Estado nacional en las cuatro centrales correspondientes al FONINVEMEM: San Martín, Manuel Belgrano, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown.
  • El 50% de la compañía Citelec, que a su vez es titular del 52% de Transener, la transportista de alta tensión.
  • El 51% de las acciones que están previstas que salgan al mercado de la empresa Dioxitek.
  • Las pequeñas participaciones accionarias en empresas, como el 8,7% que tiene de Central Puerto, el 8% de participación en TransBa, otro pequeño porcentaje en Térmica Güemes.

La jornada se realizó 9 de noviembre en el Salón Cruce de Los Andes del Centro Cívico de San Juan.

El gobierno nacional decidió eliminar la intención de gravar con un impuesto del 10% a la vitivinicultura y del 17% a los espumantes.

La decisión fue aprobada durante la Asamblea General de la ACI y de la propia Organización Internacional de Cooperativas de Trabajo.

El 22 de noviembre, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) elaboró y publicó un relevamiento realizado por el Departamento de Economía en el que refleja la actualidad económica del sector del arroz.

En la sede de Cooperar, referentes de ambos sectores ratificaron su rechazo a los artículos 23 y 24 del proyecto de la reforma tributaria impulsada por el gobierno nacional, los cuales buscan gravar “ganancias” de cooperativas y mutuales que realizan actividades financieras o de seguro.

De sancionarse la Ley Impositiva 2018 de la Provincia de Buenos Aires, las cooperativas saldrán de la categoría de “no sujeción” para empezar a estar exentas en el impuesto sobre los ingresos brutos.

El proyecto de reforma tributaria propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional intenta gravar “ganancias” de las entidades que realizan actividades financieras o de seguro.

A través de un decreto, el gobierno provincial prohibió a la Cooperativa de Virasoro brindar el servicio de distribución eléctrica. La entidad corre peligro de quiebra.

Durante el mes de noviembre el Instituto participó de las reuniones realizadas por los Consejos Regionales de la Patagonia, Cuyo y NEA-NOA.

Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe

El movimiento mutual y cooperativo, en su búsqueda de dignidad para las personas y sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, se constituyó en un polo valioso de empuje para encarar y superar, con obras y distintas asistencias, las tremendas discriminaciones de posibilidades y de infraestructura de servicios que sufrían personas de distintos lugares de nuestro extenso país.

En gran medida fueron las cooperativas y las mutuales, representativas de la economía solidaria, las que acortaron la brecha del atraso, especialmente en el “interior del interior” de la Argentina y permitieron concretar mejoras tecnológicas y de calidad de vida, con tesón y heroísmo.

Ahora, en el borrador del proyecto de reforma tributaria que busca enviar al Congreso el Gobierno de Mauricio Macri se prevé que cooperativas y mutuales deberán pagar el Impuesto a las Ganancias, en las actividades de crédito y/o financieras o de seguros y/o reaseguros que prestan.

 Mutuales

Cabe referir que la Ley 20.321 Orgánica para las Asociaciones Mutuales, en el artículo 2º, determina que las mutuales son “las constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica”.

Estas asociaciones son una verdadera “Empresa Social” que no persigue utilidades para distribuir entre sus socios, sino por el contrario, busca lograr recaudar fondos para financiar sus objetivos. El hecho de no perseguir el lucro individual de sus asociados de ninguna manera ello implica que la Mutual no pueda tener beneficios económicos, con los que pueda sustentar, integralmente, los otros fines para los cuales fue creada.

En este aspecto el art. 4 de la Ley 20321 determina que “son prestaciones mutuales aquellas que, mediante la contribución o ahorro de sus asociados o cualquier otro recurso lícito, tienen por objeto la satisfacción de necesidades de los socios…” y luego, el artículo detalla que ello se da, “ya sea mediante asistencia médica, farmacéutica, otorgamiento de subsidios, préstamos, seguros, construcción y compraventa de viviendas, promoción cultural, educativa, deportiva y turística, prestación de servicios fúnebres, como así también cualquiera otra que tenga por objeto alcanzarles bienestar material y espiritual”.

Por lo tanto, la estructura económica de la mutual implica un equilibrio de ingresos entre actividades que permiten algún superávit económico para que, con ese dinero, poder llevar adelante actividades que no son sustentables sin un aporte extra que se saca de las actividades que dejan un resto económico. Todo ello en el objetivo de alcanzar un bienestar, desde el esfuerzo propio y la ayuda mutua.

Ahora, el proyecto de reforma implica que se cargue, por ejemplo, a las actividades de créditos, un 35 % de impuesto, sobre el superávit que produzcan, lo que técnicamente desfinancia el sistema, porque esa diferencia que ahora se llevaría ilegalmente el impuesto, es con la que se solventan muchas de las actividades que cumplen las mutuales. De esa manera, se rompe su propia dinámica y se imposibilitaría, por ejemplo, otorgar subsidios a sus asociados, o solventar las prestaciones de salud o efectuar los aportes a actividades deportivas como a clubes, etc. Es este último aspecto, cabe significar, que en gran medida, hay una enorme cantidad de clubes en distintos lugares del país, mantenidos por las mutuales, que de aplicar el impuesto a las ganancias que se pretende, tendrían incluso que cerrar sus puestas, despedir empleados y dejar de ayudar al acceso de actividades recreativas esenciales, entre otros perjuicios.

Cooperativas

En lo que respecta a las cooperativas hay que poner particular firmeza en la afirmación de su calidad de persona jurídica de existencia ideal, sin fines de lucro. El objeto social de las cooperativas, humanista, participativo y democrático, está centrado en las personas y no en la ganancia.

Las entidades cooperativas no trabajan el concepto de rentabilidad económica esperada, porque buscan la prestación de servicios a sus asociados y en ello se trata de salvar los costos y no obtener ganancias, ya que su fin está no en el lucro sino en el desarrollo humano equitativo.

El acto cooperativo no es un acto de mercado. Desde su finalidad las cooperativas son "entes de gestión" porque no persiguen el lucro sino gestionar los bienes a su cargo para que el beneficio lo obtengan sus asociados, por lo que tampoco cabe que se les aplique el impuesto a las ganancias.

Inconstitucionalidad y responsabilidad

Lo que propone el gobierno nacional también viola lo dispuesto en el art. 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que ordena al Estado “promover lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social…” y el impuesto que quiere imponer a cooperativas y mutuales ataca esa manda constitucional.

Asimismo, en la hipótesis, no querida, que se sancionara el impuesto a las ganancias inconstitucional que se ataca, en el caso de Córdoba, el gobierno debería sustentar desfasaje que ello traería para la economía de las mutuales y cooperativas que afectara a sus fines, ya que conforme lo que dispone el artículo 36 de la Constitución de Córdoba, “el Estado Provincial fomenta y promueve la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales. Les asegura una adecuada asistencia, difusión y fiscalización que garantice su carácter y finalidades”.

Además, si no lo hiciera, sería un absurdo que la propia provincia de Córdoba reciba por coparticipación parte del impuesto ilegal referido y se lo quede para sí, en contra de lo que manda la Constitución de la Provincia, que obliga que tiene que garantizar las finalidades de las cooperativas y las mutuales. Algo similar podemos decir respecto de lo que dispone el art. 41 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.