Avanza el proyecto de “Ley Corta”

Avanza el proyecto de “Ley Corta”
Avanza el proyecto de “Ley Corta”

A partir de audiencias realizadas en la Comisión de Medios del Senado de la Nación se presentó un mapa de actores para que se manifiesten sobre la iniciativa. Además, acordaron que ninguna empresa está obligada a ceder su infraestructura a las multinacionales.


El 10 de abril el gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Modernización, presentó el “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs”, más conocido como “Ley Corta”, pretende, entre otros puntos, que las empresas telefónicas puedan brindar servicios de TV satelital, compartición de infraestructura pasiva, liberar el espectro reservado a ARSAT y reglas sobre la comercialización de contenidos y señales.

La presentación se hizo ante la Comisión e Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación. Luego se realizaron una serie de audiencias en dicha comisión en la que participaron especialistas de Educación y Cultura, y actores (principalmente económicos) para que se manifiesten sobre la iniciativa.

A raíz de los planteos realizados, principalmente por las cooperativas pampeanas, senadores acordaron un predictamen en el que señala que ninguna empresa está obligada a ceder su infraestructura (por ejemplo, las columnas) a las multinacionales.

En esta dirección, las empresas o cooperativas ya no “deberán” ceder sus capitales inactivos y solo estarán obligadas a “facilitarlos” bajo ciertas condiciones. Brindarán postes y ductos para que las multinacionales desplieguen fibra óptica solo si no afecta sus prestaciones y previo convenio homologado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El dictamen original de la ley, consensuado entre el bloque de Cambiemos y el peronismo menos opositor, habilita a las telefónicas a dar televisión satelital y brindar cuádruple play sin invertir en fibra óptica. Pero con estas nuevas modificaciones recién podrán ofrecer el servicio en julio de 2020, un año y medio después de lo previsto en el proyecto original.

Cabe destacar que otra de las modificaciones realizadas al proyecto original fue la de ampliar la extensión de 80.000 a 100.000 habitantes las localidades donde las multinacionales no podrán acceder a prestar este tipo servicios.

Por su parte, Ana Bizberge, miembro del Programa de Industrias Culturales y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui), señala que “las tensiones manifestadas por los actores que participaron de las audiencias también encontrarían un correlato en distintas posturas políticas en el Senado”. Y agrega que “los grandes actores del sector de telecomunicaciones, a través de sus cámaras, tienen en general una mirada celebratoria del proyecto”.

Además, Bizberge brindó una síntesis realizada a partir de las versiones taquigráficas de las audiencias, donde se destacan los aportes de los actores más relevantes.

  • •   CICOMRA: ve con buenos ojos el planteo de compartir infraestructura pasiva, poner a disposición más espectro a licenciatarios y “corregir barreras artificiales” permitiendo a las telcos prestar servicios por tecnología satelital. Pide que el proyecto se complemente con un marco normativo “claro y uniforme” en materia de autorización, habilitación y control de estructuras, estaciones y sistemas radioeléctricos, tendidos aéreos y subterráneos para prestación de servicios.
  • •   ASIET: celebra el proyecto de ley como avance ante el rezago regulatorio. No obstante, señala puntos de tensión como la ambigüedad sobre a quién se entregará el espectro de ARSAT y el de que la regulación de compartición desincentive la inversión. Además, plantea la necesidad de que se siga discutiendo el proyecto de “ley convergente”.
  • •   GSMA: acuerda con la compartición de infraestructura siempre que esté estructurada por la lógica del mercado (“sin cargas regulatorias o costos de transacción innecesarios”). Al igual que ASIET, plantea que la eventual asignación de espectro de ARSAT requiere más precisiones.
  • •   Telefónica: de acuerdo con los cuatro principales puntos del proyecto, celebra el principio de neutralidad tecnológica y considera que el proyecto es un paso adecuado para aggiornarse a estándares OCDE.

Bizberge señala que los operadores de TV abierta y algunos grandes prestadores de TV por cable plantearon sus reparos al proyecto. Mientras que los primeros se enfocaron en las reglas de must carry (obligatoriedad de los sistemas de televisión de paga de incluir las señales de televisión abierta en su oferta de servicios), los segundos apuntaron a la agudización del escenario de concentración, con argumentos similares a los de los sectores pyme y cooperativo.

“Supercanal está́ en pro de una convergencia, pero de una convergencia sin concentración”, afirmó el gerente de Asuntos Legales de la empresa. Por su parte, desde Telecentro consideran preocupante la habilitación para las telcos para ofrecer DTH (Demarcación Territorial Homologada), porque supone que no invertirán en redes. Manifestó su intención de brindar servicios móviles y señaló que la simple presentación de una oferta de referencia no es suficiente requisito para garantizar el acceso a la infraestructura de los grandes operadores.

Desde la TV abierta, Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA) y América pusieron el foco en la extensión de la regla de must carry para DTH a partir de la libre negociación entre operadores. Es decir, que los licenciatarios de TV abierta puedan negociar bajo reglas de mercado la inclusión de señales en la grilla de TV paga. Por su parte, DirecTV justificó la falta de inclusión de señales de contenido local en su grilla por restricciones tecnológicas y planteó que otras plataformas pueden dar respuesta al problema de must carry. Por último, pidió iniciar un debate sobre piratería digital.

Los principales pedidos de las cooperativas y pymes estaban enfocados en la protección de localidades de menos de 80.000 habitantes. Además, sus demandas se centran en ampliar la ventana de tiempo para la competencia de DTH (entre tres y cinco años), pero también hacen planteos sobre el acceso a frecuencias y facilidades esenciales.

  • •   COLSECOR: plantea la necesidad de ampliar el plazo a tres años (hasta 2022) para que las telefónicas comiencen a dar servicios de TV paga (sea por cable o satelital). Además piden que se contemplen incentivos crediticios y facilidades de acceso a redes esenciales de grandes operadores en localidades con menos de 80.000 habitantes. En términos de espectro, reclaman que la reserva de ARSAT sea asignada a las cooperativas.
  • •   Cámara Argentina de Cableoperadores y Pymes (CACPY): piden frecuencias para las Pymes. Respecto del ingreso de las telefónicas a la TV satelital piden plazo de cinco años a partir de 2019, líneas de crédito y eliminación de aranceles de importación para tecnología de redes.
  • •   Red Intercable: también propuso una ventana de al menos cinco años prorrogables por igual período en localidades con menos de 80.000 habitantes para que las telefónicas puedan dar TV satelital. A diferencia de las otras organizaciones, aludieron a la comercialización de contenidos, que debe revisarse y estar amparado en otra organización gubernamental.
  • •   Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE): puso énfasis en la necesidad de establecer criterios para la compartición de infraestructura para los actores con poder dominante. Además pide acceso al espectro de ARSAT y un plazo de cinco años antes de que las telefónicas puedan ofrecer TV satelital.
  • •   Cable Express de Salta y Cámara de Cableoperadores Independientes (CCI): pide la ampliación del plazo hasta 2022 o por cinco años para que las telefónicas ofrezcan TV paga por cualquier tecnología (DTH, cable o cualquier otra). Además demandan la reserva del 25% de las frecuencias que se liberan de ARSAT para destinarlo a operadores locales y regionales, Pymes, cooperativas de no más de 200 mil clientes.
  • •   Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL): considera fundamental establecer obligaciones específicas para prestadores con posición dominante y establecimiento de plazos de transición que permitan fortalecimiento de pymes y cooperativas. Acceso a oferta mayorista en condiciones de igualdad para servicios fijos y móviles, así como también la regionalización de frecuencias para poder usar el espectro de ARSAT.

Por su parte, las cámaras de la TV por cable (ATVC) e Internet (CABASE) se manifestaron en representación de sus afiliados pymes. ATVC pide mayor plazo para la competencia. Plantea que la apertura irrestricta para compartir infraestructura genera un desguace para las Pymes ya que se las obliga a abrir su infraestructura a quienes han decido no invertir en esas zonas. En tanto CABASE, si bien se manifestó a favor del proyecto, pide acceder a las frecuencias reservadas a ARSAT para que Pymes y Cooperativasparticipen de la oferta de telefonía móvil. Respecto del ingreso de las telefónicas a prestar servicios de TV satelital así como brindar oferta de servicios cuádruple play, CABASE plantea que el plazo del 1 de enero de 2019 es insuficiente y propone que se extienda hasta enero de 2022.

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