En Mendoza aprobaron una ley contra el robo de cobre y de transformadores.
La normativa pasó al Ejecutivo para su promulgación, cuyo objetivo es otorgarle facultades a las fuerzas de seguridad para su abordaje concreto.
Durante la pandemia del coronavirus, en el país, pero principalmente en la provincia de Mendoza aumentaron el hurto de los transformadores eléctricos para substraer el cobre y los metales no ferrosos de los mismos.
En 2021 este tipo de delitos encontraron su pico máximo, sobre todo en las zonas rurales. Fue así que, desde el sector cooperativo eléctrico comenzaron a pedir a las autoridades políticas y policiales una solución al respecto.
A fines de 2022, y dos años después de iniciado los reclamos, el proyecto cuya autoría es Mercedes Rus, fue aprobado por unanimidad por el Senado provincial y pasó al Ejecutivo para su promulgación.
“Este proyecto diseña una norma que otorga facultades de incumbencia puntual a las fuerzas de seguridad para su abordaje concreto, teniendo en cuenta los daños que esto provoca en varios servicios públicos y su incidencia sobre el consumidor”, remarcó la senadora, y agregó que “quienes no cumplan con la norma, se les aplicarán severas sanciones”.
Desde el sector, indicaron que el valor de los transformadores ronda los 900 mil pesos, y que los delincuentes obtienen por kilo de cobre alrededor de 2.000 pesos, siendo que cada transformador puede contener hasta 100 kilos de ese metal. Por lo tanto, obtendrían unos 200 mil pesos por aparato.
Este tipo de delitos no solo perjudica a las entidades solidarias, sino también a los usuarios que se quedan sin electricidad en sus hogares, comercios o tambos, entre otros lugares.