Presupuesto 2019: cooperativas y mutuales deberán pagar un impuesto al patrimonio

Con 138 a favor y 103 en contra la Cámara Baja aprobó el Presupuesto 2019.
Con 138 a favor y 103 en contra la Cámara Baja aprobó el Presupuesto 2019.

El oficialismo aceptó dar marcha atrás en su pretensión inicial de gravar con ganancias a cooperativas y mutuales de seguros y créditos. A cambio, incluirá un impuesto especial al patrimonio con una alícuota progresiva. Principales referentes del movimiento rechazaron la decisión aprobada en la Cámara Baja.


El 24 de octubre, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al Presupuesto 2019 presentado por el Gobierno Nacional, el cual fue enviado a la Cámara de Senadores con algunas modificaciones respecto al proyecto original.

Entre las reformas propuestas se encuentra la eliminación del artículo 85 mediante el cual se pretendía gravar con ganancias a cooperativas y mutuales de seguros y créditos. En contrapartida, las entidades que prestan dichos servicios tributarán, según su patrimonio, a través de alícuotas progresivas, que dejará exentas a las pequeñas y medianas empresas solidarias.

Es generar un “mínimo patrimonial”, aseguró durante el debate en la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja el diputado del Pro Luciano Laspina, y estimó que de las 1.400 cooperativas del país, “más de 1.200 no van a pagar el impuesto especial al patrimonio”.

La nueva contribución surgirá de aplicar una tasa del 4 por ciento sobre la base imponible, y si el capital supera los cien millones de pesos, la alícuota ascenderá al 6 por ciento. Además, el documento compromete el aporte del sector por el término de cuatro períodos fiscales a partir del año 2019.

El presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, dialogó con Mundo Cooperativo y se refirió a la situación que atraviesa el movimiento: “Todo el sistema cooperativo, y Coninagro integrado al movimiento, nos hemos opuesto terminantemente a la intención del Gobierno Nacional de gravar con ganancias a cooperativas y mutuales, lo que se proponía era muy grave”, señaló.

“Las alícuotas están fuera de toda ratio normal. Además, existen clausulas que dan posibilidad a futuro a cualquier situación de un nuevo planteamiento de tributación a las entidades solidarias, por lo tanto el tema no está cerrado y vemos que el cooperativismo sigue sin ser valorado y entendido como herramienta de la economía solidaria”, afirmó Iannizzotto.

En esta dirección, el presidente de Coninagro sostuvo: “Seguiremos trabajando para buscar la forma de hacer entender la importancia del capital social, que las cooperativas son una entidad jurídica basada en la persona y no en la renta, que somos una asociación para dar beneficios a los asociados los cuales ya pagamos ganancias”. Y aseguró estar insatisfecho con la decisión alcanzada dentro de un marco que podría haber sido peor.

Por su parte, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Ariel Guarco, afirmó que “el Estado debe tratar a las cooperativas como empresas sin fines de lucro. Siempre hemos contribuido y más aún en momentos difíciles pero se debe respetar nuestra naturaleza jurídica”.

Otro de los dirigentes que se refirió a esta situación fue el presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra), Cristian Horton, quien en una entrevista con nuestro medio destacó “que la solución tomada en la Cámara de Diputados no es la mejor, pero por lo menos, en primera instancia, no se ha desnaturalizado nuestro principio o ADN cooperativo”.

El presidente de Fecootra subrayó que “hay que analizar cada uno de los casos para ver cómo va a impactar este presupuesto, creemos que la exención de este nuevo impuesto a las cooperativas y mutuales más chicas es importante para no afectar más su vida cotidiana y para que sigan existiendo”.

Horton señaló que “debería haber impuestos a los que concentran las riquezas porque en este momento han dejado de pagar impuestos, y no a la economía solidaria que es la que aporta día a día al desarrollo local estando presente en las comunidades de menos población. Por lo tanto, esos excedentes deberían estar ‘volcados’ en esos territorios para desarrollar dichas localidades”.

Además, el presidente de Fecootra sostuvo que “el Gobierno Nacional atraviesa una necesidad de recaudación para cumplir con los compromisos internacionales, lo que lleva a que se pierda el eje de lo que somos para focalizarse en la necesidad de la recaudación para cumplir con esos objetivos”. En esta dirección, dijo, “el excesivo crédito internacional que se pidió nos impone las condiciones y nosotros los argentinos dejamos de tomar algunas decisiones para lograr cumplir con estas metas”.

RicardoLopezEl secretario de Cooperar y presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud (FAESS), Ricardo López, señaló que desde la Confederación “no están de acuerdo con esta decisión, y que este nuevo impuesto es un tributo confiscatorio”. A su vez, el dirigente subrayó que durante la Asamblea de la ACI Américas, realizada en el marco de la V Cumbre Cooperativas de las Américas celebrada en Buenos Aires del 23 al 26 de octubre, se trató esta medida acordada dentro del Presupuesto 2019 y que ante la preocupación del movimiento continental se enviará un documento a las autoridades pertinentes para demostrar la disconformidad del sector. “Este tributo no es lo que pensamos ni lo que queremos, creemos que se atentó contra el sector cooperativo”, concluyó.

Otro de los que se refirió a la implementación de este nuevo impuesto fue Alberto Bavestrello, gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACCrédito) y consejero de Cooperar. “Las cooperativas de ahorro y crédito pagan el impuesto sobre todo el patrimonio, porque se supone que tienen líquidos, y esto obliga a que como son cooperativas que no captan ahorro y no tienen apalancamiento, se les cobra 2% del capital de los socios todos los años“, aseguró al portal digital cooperativas.com.ar.

A su vez, Bavestrello remarcó que al implementar esta alícuota “es como decir que en 25 años el Estado les va a sacar el patrimonio a las cooperativas. Les cobra un patrimonio en 25 años. No existe a nivel mundial este impuesto”.

Por otro lado, el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional también presentó modificaciones en otros puntos que afectan al sector agroindustrial. Respecto a esto el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, señaló: “Las actividades rurales fueron nuevamente sometidas a una situación de imposición de nuevos tributos que por ahora han sido postergados. Creemos que es otro error, porque gravar tanto a las cooperativas como a las actividades productivas es atentar contra el trabajo. Por lo tanto, vemos una política con la que Coninagro no comparte, que es la política que al déficit que tiene el Estado lo tenga que pagar un privado y/o cooperativas, se tiene que hacer cargo el Estado”.

Otras de las modificaciones que quedaron plasmadas en el dictamen fueron la eliminación de los impuestos internos a los vinos espumantes y la ampliación de las partidas en 500 millones para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Ese criterio es el que tiene que regir cuando hay una economía regional o una entidad de la economía solidaria que brinda un servicio social y empleo, no pueden estar sometidas a una presión tributaria tan brutal como sucede con todas nuestras empresas”, afirmó el presidente de Coninagro.

Respecto a la partida presupuestaria que recibirá el INTA en caso de aprobarse el Presupuesto 2019, Iannizzotto razonó: “Es muy bueno porque estábamos muy preocupados porque era desfinanciar a un organismo que está muy vinculado a la innovación y la tecnología. Ojalá que esto se haga realidad para que el Campo, y sobre todo los pequeños y medianos productores y las pymes, tengan las herramientas para enfrentar los desafíos de la competitividad y llegar al mercado externo para agregar valor que es lo más importante”.

Durante las próximas semanas se discutirá en la Cámara de Senadores el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2019, de aprobarse sin ninguna modificación las cooperativas y mutuales dedicadas al sector de seguros y créditos, cuyo capital  superen los 50 millones de pesos anuales, deberán adaptarse a la norma y cumplir con el nuevo impuesto progresivo.

Las entidades que quedaran exentas serán las que cuyo capital sea inferior a los 50 millones de pesos anuales. También se plantea en el texto la no aplicación del artículo 29 de la Ley de Mutuales 20.321, por el que se garantizaba la exención.