Por Fernando Daniel Alonso*
La industria de la energía eléctrica en la República Argentina está dividida verticalmente en los sectores de Generación, Transporte y Distribución.
Cada uno de esto segmentos tiene distintos grados de competencia y no existe ninguno donde se den todos los supuestos que permitan considerar al mismo como un Mercado de Competencia Perfecta, esto hace necesaria la intervención regulatoria del Estado para asegurar la mejor asignación de recursos, con el objetivo de lograr un servicio de calidad adecuada que pueda ser solventado económicamente por los usuarios del sistema y que asegure la sustentabilidad de la industria en el mediano plazo.
La organización de esta industria está basada en dos leyes, la 15.336 del año 1960 y la ley 24.065 del año 1992, ambas con sus respectivas modificaciones.
Esta legislación establece un sistema de regulación por competencia entre actores para el segmento de la generación de potencia y energía eléctrica. Regulación a través del establecimiento de parámetros de calidad y precios máximos, sin obligación de invertir en el sistema para la expansión en el sector del transporte y por establecimiento de precios máximo, parámetros de calidad mínima y obligación de inversiones para atender la expansión de la demanda en el segmento de la distribución.
El segmento de generación de potencia y energía eléctrica, donde se determina un parte importante del precio del mercado eléctrico mayorista, presenta varias singularidades que deben ser consideradas en su conjunto al establecer los precios de la energía y la potencia.
Para llevar adelante esta tarea la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), dispone de distintas herramientas de simulación que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y permiten realizar despachos óptimos del parque de generación, donde la función a optimizar es hallar el mínimo costo de generación.
Estas herramientas incorporan en los modelos la mayor cantidad de parámetros que intervienen en el desempeño del sistema eléctrico interconectado, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los equipos de generación, los vínculos eléctricos entre estos equipos de generación y las demandas de los usuarios, considerando las restricciones de la red de transporte, las tasas de fallas de los equipos y los planes de mantenimientos.
Además, estas herramientas deben incorporar variables aleatorias que intervienen en las proyecciones de evolución de la demanda, influenciada por el estado del ciclo económico `para el cual se está realizando el despacho, el clima que impera en el periodo, la disponibilidad de agua en los embalses con capacidad de regulación, y los pronósticos de lluvia y nieve que determinan los aportes de agua que recibirán las centrales hidroeléctricas.
También se deben realizar hipótesis del tipo de cambio que se espera en el periodo, como así también la evolución de los precios y de la disponibilidad de combustibles que determinan junto con los rendimientos el precio de la oferta de le generación térmica.
Esta forma de calcular los precios se basa en aplicar las variables físicas que rigen al comportamiento del sistema eléctrico, y las variables externas que permiten estimar las demandas y costos para determinar los precios.
La realidad es que después de las numerosas intervenciones del Estado utilizando los precios de la energía como herramienta para el control de la inflación y de la redistribución del ingreso se ocasiono una gran distorsión en el sector, perdiendo los precios su característica como herramienta de asignación de recursos escasos.
Esto trajo aparejado un proceso de malas decisiones de inversión como la “energía Delivery” o la resolución 19 o 21 de la Secretaria de Energía Eléctrica de la Nación.
Otro elemento a tener en cuenta es que estos precios, soportados por los usuarios, remuneran a todos los prestadores del Servicio Público de Energía Eléctrica. Este es un problema muy serio ya que el precio final se obtiene mediante las sumas de las tarifas que remuneran a cada segmento y en general nadie representa los intereses de los usuarios que no tienen otra opción que pagar el precio establecido o quedarse sin el servicio.
Eso hace imperiosa la intervención regulatoria del Estado ya que el precio pagado por los usuarios remunera no solo los costos de cada agente sino también su rentabilidad, por lo cual ningún agente tiene incentivos a disminuir sus precios pues esto afectaría su rentabilidad.
Si además esta lógica se utiliza para el planeamiento de la expansión del Sistema Eléctrico, terminamos encontrándonos en una situación como la actual, la cual está signada por la emergencia permanente en donde se pueden establecer los mayores precios.
El ejemplo más claro fue la necesidad de utilizar maquinas Diesel de buen rendimiento pero que utilizan un combustible muy caro para solucionar problemas de red, o el caso de la resoluciones 19 y 21 mediante las cuales se contrato generación térmica para montar en puntos débiles de la red con la finalidad de disminuir riesgos de cortes .
El problema de estas acciones se manifiesta mediante los elevados precios a la disponibilidad de potencia de estas maquinas.
Todas estas decisiones se tomaron con un elevado nivel de subsidios representando los mismos casi el 90 por ciento del precio de la energía.
Ante el cambio de políticas para el sector, fruto de la imposibilidad de seguir subsidiando la oferta a los niveles requeridos para el mantenimiento de las bajas tarifas a los usuarios, y por lo tanto el consiguiente aumento de los precios, pone en tensión a todo el sector eléctrico provocando la reacción de los usuarios ante el aumento de las tarifas del Mercado Eléctrico Mayorista.
Estas reacciones trajeron cambios en la regulación que implico una rebaja en la remuneración de los generadores, que según información brindada por las autoridades del sector es del orden de los seis mil millones de pesos.
Se hace necesario seguir en este rumbo, para lo cual los representantes de los usuarios finales, que no tienen capacidad de contratar por si mismos el suministro de potencia y energía en el mercado mayorista, básicamente los distribuidores y los representantes de los grandes usuarios, deberán intervenir tal cual lo previsto en los procedimientos, en la determinación de los precios mayoristas, con el objeto de conseguir precios justos y razonables de la energía y la potencia en el mercado mayorista .
También como representantes de la demanda deberán opinar en las hipótesis de expansión del sistema eléctrico, ya que es en definitiva esta demanda la que termina pagando las inversiones del sector.
Como vemos el sistema de regulación del sector eléctrico argentino está reclamando la participación de los agentes, para asegurar la sustentabilidad.
Esta intervención se puede dar en forma cooperativa o en competencia, y requiere de parte del Estado acciones muy precisas de los equipos técnicos, que actuando en el tiempo de análisis que les compete, sean capaces de presentar al decisor político las mejores propuestas de solución a los problemas detectados.
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El decisor político podrá seleccionar la mejor de las soluciones propuestas en coordinación con las otras áreas del Estado, teniendo en cuenta los impactos que esta decisión produce en todo el país. Por ejemplo, el impacto de tarifas en el nivel inflación, la necesidad de divisas y financiamiento derivadas de los procesos de inversión o el costo de no abastecer una demanda teniendo en consideración el impacto social que esto produce y sobre todo la oportunidad de su implementación.
El sistema eléctrico debe salir de esta situación de administración del corto plazo y debe hacerlo en forma planificada, ya que los tiempos de respuestas de los cambios regulatorios y las inversiones fundamentalmente no son instantáneos y las urgencias son muchas, pues la morosidad en el pago de las facturas está aumentando, los reclamos de tarifas subsidiadas también y el cumplimiento en el pago a los generadores se está deteriorando.
*Fernando Daniel Alonso es Ingeniero Electricista y cuenta con una diplomatura en Gestión de Recursos Energéticos y Ahorro de Energía. Además, es asesor sobre política energética en la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE).
