La segmentación y posibles topes a los consumos energéticos son la base para una mirada estructural de los servicios públicos y la apelación a la conciencia ciudadana que consume la energía que tanto cuesta producir.
Por José Álvarez
La experiencia del sector eléctrico, desde el punto de vista histórico, quizás diga que variar el precio en función del consumo sea lo más equitativo. Es decir, quien más consume más paga. Es lo que afirmamos desde el inicio de la discusión pública sobre la segmentación tarifaria eléctrica y de gas que atravesó una etapa convulsionada del país, que aún persiste y que hay que superar buscando los equilibrios necesarios para serenar a la “zarandeada” población argentina.
En este tiempo, donde la demanda social es creciente, sumamos una mirada que responde a nuestra esencia cooperativa que es la sustentabilidad, inherente a cuidar los recursos necesarios para el desarrollo colectivo. Entonces sumamos el concepto de la autorregulación del consumo.
Conocer y aplicar nuestros propios límites nos permite siempre tener la certeza de cuánto podremos crecer individualmente y como conjunto socioeconómico. Por eso, es que se debe rescatar en este período de escasez de recursos la responsabilidad ciudadana, la acción consciente de integrar un cuerpo social donde se distribuye la energía eléctrica de modo coherente y solidario.
La coyuntura presenta minuto a minuto distintas facetas de los pensamiento e intenciones de los gobiernos. Se muestran escenarios críticos que son esbozos y hasta ensayos públicos para testear los cambios de humor social. Es lo que está ocurriendo con los llamados “topes a los subsidios según el consumo”. De ese tipo de experimentos no participamos porque trabajamos sobre la realidad concreta de la vida cotidiana de las familias asociadas que se esfuerzan con sus aportes a sostener el servicio que damos cada día.
Por eso creemos que hay propender la equidad y la autorregulación del consumo (con o sin topes) y quien deba aplicar las reglamentaciones deberá tener en cuenta la capacidad de consumo y pago de los usuarios con rangos razonables apostando a que la ciudadanía puede aportar con su acción, a la eficiencia del servicio eléctrico.
Y en ese tren, comienza a decantarse otro proceso inevitable que es la aplicación de políticas estructurales pensando en las próximas generaciones. Es el cada vez más necesario cambio hacia las energías limpias que primero serán el complemento de los actuales sistemas energéticos y luego serán la base del consumo.
Una familia argentina debería desenvolver su vida, atenta a lo que consume energéticamente de modo responsable conociendo su capacidad de pago y el Estado debería darle la posibilidad de acceder a fuentes de energía limpias que premien su acción consciente, asociativa, solidaria, es decir cooperativa. Eso sería una relación circular y virtuosa a la que aspiramos.