Por Roberto Fermín Bertossi
El 16 de noviembre próximo pasaddo, mediante resolución número 1027, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, (INAES), dispuso en el artículo 1° de la misma, “promover el desarrollo del “Programa de Productos de la Economía Social” (PES) con el objeto de impulsar la realización de convenios, consorcios y otros instrumentos asociativos, entre entidades públicas y privadas de carácter solidario o comercial, para lograr la disminución de los costos de los procesos de distribución, eliminando intermediadores, a fin de que los productos lleguen a los consumidores con precios más accesibles”, en tanto en el segundo y último artículo de tal instrumento de aplicación cooperativa y mutual nacional, realizó una recomendación interna: “Encomiéndese a la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativa y Mutual y a las Comisiones Técnicas de Agro-alimentos y de Logística de este Instituto, la elaboración de planes y acciones tendientes a la concreción del programa mencionado en el artículo anterior”.
Si bien aún no disponemos de los últimos guarismos estadísticos correspondientes a enero (orbitaría entre un 5 a un 6%), con los últimos índices de precios al consumidor en materia de alimentos suministrados por el (Indec) por la aceleración de diciembre, la canasta básica alimentaria ya aumentó 45,5% en 2020. Por citar solo algunos de sus componentes, el precio de las verduras trepó un 58%, el de la carne un 56,9% y el de las frutas un 64,4%, etc.
Concordantemente, según el relevamiento del último semestre 2020 realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), desde que el trigo sale del campo hasta el pan que se vende, el precio se multiplicó por siete veces; la carne cuatro veces, la leche triplicó su precio.
Aun con un incremento del 50% de la tarjeta alimentaria, no alcanzará, cuando inflación, desocupación, impuestos, combustibles y tarifas, son implacables e incesantes respecto a una disminución constante del poder adquisitivo tanto de asalariados, jubilados o pensionados ordinarios como de los propios beneficiarios de dicha tarjeta alimentaria.
Tal desproporción se explica en parte por la brecha entre el precio que percibe cada productor agrícola por un litro de leche o un kilo de carne o cereales, (vg. trigo, maíz, etc.) y lo que debe abonar por ellos cada consumidor; fundamentalmente por abusos de intermediaciones en la cadena productiva y/o relación de consumo. A esto se debe añadir negativamente, insensibles pretensiones tributarias cuanto sucesivos aumentos en el precio de combustibles de uso imprescindible y permanente en el sector productivo alimentario.
Lo paradojal de todo eso es que, a la fecha, los sujetos esenciales en tal cadena o relación, digo “productor y consumidor”, son los más perjudicados por los efectos perversos propios de desproporcionalidades semejantes, ello siempre más acentuado en el interior del país.
Al menos eso resulta en cada acuerdo de precios impulsados por el gobierno nacional como, en estos momentos, vg., por algunos cortes de carne solo disponibles en unos pocos grandes supermercados nacionales pero no en carnicerías de cercanía en todo el país.
A propósito, las estimaciones presupuestarias o tarifarias públicas sobre la participación contributiva que el productor rural debe tener en el reparto de impuestos, tasas, tarifas y servicios, no debieran omitir en adelante que “los rendimientos del sector agrario” se conforman más lentamente y con más riesgos que en otros sectores de la economía.
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La opción alimentaria cooperativa de emergencia, traducida en bienes y servicios a precio justo, sin dudas hoy merece más que nunca la mayor promoción y fomento público posible, mediante vg., discriminaciones positivas en materia crediticia, tributaria, tarifaria y de logística cuánto el auspicio e impulso de compras en común u otras estrategias asociativas vecinales o comunales: (Finalidad: conseguir en el mientras tanto, buenos precios en la compra de cualquier producto o en la contratación de algún servicio haciendo compras mayoristas directas, esto es, reuniendo un determinado grupo de personas que necesitan lo mismo y así conseguir mejores precios que si lo adquirieran cada una por separado).
Claramente urge atemperar hasta desactivar en lo posible, semejante desproporción entre el precio de alimentos imprescindibles para cubrir necesidades físicas básicas y el deterioro salarial de la inmensa mayoría de trabajadores activos y pasivos, puntualmente en lo concerniente a la adquisición y abastecimiento nutritivo y decoroso de los mismos.
Finalmente, resulta más que razonable, útil y oportuno, promover y facilitar la disponibilidad y el acceso ciudadano inmediato a una “Canasta alimentaria” con todos sus componentes –de primera o segundas marcas-como pan, pastas, fideos, lentejas, azúcar, té, yerba, arroz, aceite, frutas, verduras, lácteos, huevos y carne; ello al menos durante el tiempo incierto que insuma este ya largo e impredecible discurrir pandémico; ello sin demorar la conformación de una canasta cooperativa escolar y universitaria.