Nos encontramos con un estado que ha mostrado una fuerte presencia en el ámbito social y con un organismo de control de las actividades asociativas (INAES) que muestra una actividad y presencia inusuales, en mi opinión, para nuestro movimiento.
Por Alberto Bavestrello
No es tarea de estas líneas cuantificar o explicar la crisis por la que atraviesa la humanidad producto del Coronavirus y los efectos que produce en una economía excesivamente concentrada, profundizando de alguna forma las desigualdades y las injusticias sociales que provoca.
Sí debemos dejar expresado que este proceso de inequidad del sistema en el que estamos inmersos desde hace décadas, será mucho más profundo, por lo menos en los primeros años posteriores a la salida de este flagelo mundial.
Seguramente la riqueza concentrada en el 1 por ciento de la población mundial más rica, superará seguramente, el nivel de concentración por encima del 50 por ciento de la riqueza generada a nivel mundial.
Y es en este sentido en donde el movimiento debe centrar sus esfuerzos, por un lado, en profundizar las acciones que permitan al Movimiento de la Economía Social y Solidaria generar mayor riqueza participando activamente en las políticas públicas que permitan mejorar el acceso al trabajo a gran parte de la población excluida. Si se logra superar lo hecho hasta la actualidad y analizamos en perspectiva el accionar de todo el movimiento, seguramente estaremos trabajando para que ese 1 por ciento de la población más rica no siga concentrando o aumentando dicho nivel de concentración económica y de riqueza.
Nos queda siempre la esperanza de que es el propio sistema de la Economía Solidaria y los que lo conformamos el que genera sus propias autodefensas ante este proceso destructivo de un entramado socio económico en crisis y con el único objetivo de maximizar beneficios, sin pensar en el otro.
El ejemplo más claro para salir de este círculo vicioso es, como dijimos, trabajar fuertemente en profundizar los procesos asociativos entre los individuos para poder enfrentar de diversas formas esta agresión permanente desde los sectores de poder económico concentrado, y es aquí donde la economía social y solidaria sabe por su historia que puede dar lucha y ser la solución que nos permita ver en la crisis, una luz al final del túnel.
Ello se logrará mediante el trabajo mancomunado del sector y los que la propia crisis vaya expulsando y puedan ser incorporados al proceso mediante el asociativismo, y de esta forma poder enfrentar la dura etapa que se iniciará en la pos pandemia.
En los dos últimos siglos, los modelos cooperativos y asociativos que en tantas crisis suelen aparecer, salen a la luz con mayor fuerza: nacen los nuevos proyectos asociativos, producto de empresas recuperadas, cooperativas de trabajo, de producción, de servicios hoy con foco en lo tecnológico, de salud y cuidado de personas, las asociaciones que ponen el foco en el cuidado del medioambiente, y tantas otras actividades que seguramente darán sustento y serán pilares para sostener el proceso de la economía que se nos viene.
En este contexto, nos encontramos con un estado que ha mostrado una fuerte presencia en el ámbito social y con un organismo de control de las actividades asociativas (INAES) que muestra una actividad y presencia inusuales, en mi opinión, para nuestro movimiento.
Comenzando por su dependencia pasando del área de Desarrollo Social al Productivo, en una clara muestra de lo que representa para el estado nuestro sector.
En segundo término, una presencia de Directores provenientes del movimiento en el órgano de contralor que han tenido un rol con una actividad inusual, a pesar de las restricciones impuestas por el Gobierno en materia de movilidad. Son acompañados por el accionar de un Presidente y Directores del estado también con un sentido muy claro de hacia dónde debe ir el movimiento, generando acciones desde los primeros días, que nos permiten decir que su presencia se siente en cada acción.
Así tenemos en plena crisis, y mucho antes que otros organismos del estado, el dictado de resoluciones en cuanto a la posibilidad de realizar reuniones en forma virtual, en primer término, para los órganos de dirección, para luego posibilitar que también se realicen asambleas de asociados (cuando las necesidades lo exijan), y de esta forma no frenar su operatoria, elaborando protocolos que permitan la amplia participación de sus asociados en forma no presencial.
No debemos olvidar que en menos de una semana y en plena crisis, se logró un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que las cooperativas de crédito y mutuales de ayuda económica pasen a ser consideradas como actividades esenciales por parte del Poder Ejecutivo y permitir así a los asociados poder seguir utilizando el servicio de crédito en las entidades de base y a los directivos controlar el debido resguardo de los intereses de todos los asociados.
Podemos sumar a ello la reciente resolución del INAES sosteniendo la no gravabilidad de sus ingresos por parte de las Provincias, bajo el régimen de Ingresos Brutos, destacando que las actividades de cooperativas y mutuales no persiguen el fin de lucro, reafirmando de esta forma un viejo reclamo de todo el movimiento.
A ello sumamos las mesas de trabajo técnicas que se vienen realizando desde todo el sector en distintos ámbitos. Mesas de trabajo con el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores, todo a efecto de lograr una mayor presencia del movimiento, un reconocimiento del resto de la actividad económica y por sobre todo preparar las herramientas para lograr un financiamiento adecuado para la nueva etapa que empezamos a transcurrir.
Es de destacar que se ha integrado al sector productivo con el sector del cooperativismo de crédito y el mutualismo de ayuda económica para que estos generen fondos de financiamiento a baja tasa para sectores productivos como la viticultura, el sector lácteo o el azucarero.
Se está trabajando fuertemente en lograr mayor transparencia del sector y en reordenar el régimen normativo y regulatorio para la actividad, ya que es imprescindible contar con un sector fuerte y reconocido como tal por todo el movimiento y la economía en general.
Este proceso traerá por un lado seguramente, una mayor visibilización del sector y tal como siempre se produjo históricamente, el ataque de sectores que no ven a nuestro movimiento con agrado.
Para ello debemos trabajar fuerte y mancomunadamente aprovechando la fortaleza que da el ser partícipe de las políticas públicas, pero también mostrando a un sector integrado, con fuerza y con proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades.
Sobre el ahorro y el crédito
Es importante dejar algunas reflexiones ya que el cooperativismo y mutualismo son iniciativas socio-emprendedoras basadas en valores y principios, con el objetivo central de construir y alcanzar una vida mejor, para sus asociados, para la comunidad y por ende para la región, generando un mayor desarrollo local. Es un pensamiento en donde se coloca a la persona en el centro de la atención para el logro de los objetivos de desarrollo y alcanzar el objetivo del bienestar general.
Por ello en este contexto tan especial no podemos dejar de tener en cuenta que el capital de las cooperativas y mutuales, conjuntamente con el ahorro que pueden aportar sus asociados, son fundamentales para la potenciación y crecimiento de este tipo de entidades (asociativas), que no son más que herramientas para el desarrollo local con un fuerte impacto en lo social.
La problemática del desfinanciamiento
En las últimas décadas y con objetivos muy diversos, han intentado bancarizar a los agentes económicos y por ende incorporar a la población excluida, pero todos sus intentos tuvieron resultados muy acotados, por no decir fallidos.
Hoy Argentina, a pesar del esfuerzo hecho por el estado en materia de otorgar financiamiento con fondos públicos u otorgando avales y garantías, sigue siendo uno de los países con menor índice en su relación Préstamos al Sector Privado como porcentaje de su Producto Bruto Interno. Esta relación, dependiendo del tipo de cambio que se tome, en nuestro país alcanza a un porcentaje cercano al 10 por ciento, muy por debajo de la media de América Latina que alcanza al 49 por ciento y ocupando un puesto entre los últimos diez países del mundo en esta relación.
Se pudo ver, por ejemplo, la situación que se vivió en el inicio de la actual crisis en el mes de abril, con el pago del primer IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) en donde se veía a miles de personas haciendo colas en ventanillas bancarias que no permitían el ingreso de los beneficiarios o no podían atender a semejante cantidad de necesitados de los fondos, excluidos socialmente del sistema financiero.
Se intentó entonces, volviendo con el latiguillo histórico, bancarizar a la población excluida, emitiendo todo tipo de información, ofreciendo productos tecnológicos que iban a solucionar dicha problemática. Nada de ello sucedió.
La solución no está en generar solamente billeteras virtuales mediante el uso de la telefonía celular, sino que la solución es pensar primero en la capacitación financiera e inclusión social (bien por el IFE), pero en un sistema financiero complementado por otros actores que puedan responder a estas necesidades básicas en la población marginada.
Este es justamente el camino que no sabe transitar nuestra banca selectiva, con sus limitantes al acceso al crédito para más de un 50 por ciento de la población y las empresas.
Esto es así. Además de la fuerte informalidad laboral, cuando alguien entra en mora con el sistema financiero ya no es, ni puede ser mercado objetivo del mismo y pasa a ser un paria dentro de la economía.
Bancas de proximidad
Esta falta de visión en lo social hace que nos encontremos con un discurso con una dicotomía insalvable. Por un lado, el Estado quiere incorporar y bancarizar a los individuos y a las empresas, pero regula con normas inflexibles, determinando que (en medio de las crisis) estos no puedan ser parte del sistema económico en forma plena, profundizando su participación dentro del segmento en un círculo vicioso de economía informal, que es cada vez más importante.
En este sentido desde el sector del cooperativismo de crédito junto al mutualismo de ayuda económica, se está trabajando fuertemente integrando mesas de trabajo con INAES y con el Banco Central, a efectos de lograr, por un lado, ser reconocidos en nuestro rol de banca de proximidad y por otro en nuestra capacidad para prestar en los segmentos a los que el sistema excluye.
Recientemente un informe elaborado por la firma Nosis, contemplando a un grupo de entidades y a quienes dirigen sus créditos, demuestra que tanto en el segmento empresas o productivo como en el financiamiento a individuos, el segmento atendido es en su mayor porcentaje el denominado C3 y D1, es decir los segmentos que no pueden por norma, tomar créditos en la banca regulada.
Por otra parte, es necesario aclarar que en un reciente informe del Banco Central, justamente en el actual contexto en el mes de julio, sobre Proveedores Financieros no Bancarios, segmento conformado por:
- Cooperativas y Mutuales de ayuda económica,
- Tarjetas de crédito no Bancarias,
- Empresas de venta de Electrodomésticos y
- Fintech.
se desprende, como dato relevante que las tasas cobradas son altas, pero con la salvedad que el sector que a menores tasas otorga créditos es el segmento de Cooperativas y Mutuales, y que además éstas se encuentran en niveles cercanos a las bancarias.
Por supuesto, que en dicho informe no se aclaran las asimetrías entre los bancos y las cooperativas y mutuales, como por ejemplo citar que los recursos que prestan los bancos provienen en un 50 por ciento de fondos de ahorristas depositados en cuentas corrientes y en caja de ahorros, tienen un costo medido en tasa, que está cercanas al 0 por ciento. Fondos que en muchos casos provienen del propio estado y que se depositan en entidades reguladas también con costos (o beneficios para el estado) cercanos al 0%.
Podemos sumar a ello una reciente norma del BCRA (“A” 6909), publicada previo al inicio de la pandemia, limita la posibilidad de cobranza en forma automática (haciendo uso del débito en cuenta por CBU) a las fintech y a las cooperativas y mutuales. Tal medida, según el BCRA, apunta a proteger a los usuarios bancarios del mal uso que se pueda hacer de dicha herramienta de cobranza.
Esta situación (el mal uso), que desde el sector sabemos no ocurre con nuestras entidades fue muy mal utilizado por otros agentes. Sobre todo, en el mes de enero, cuando se otorgó un bono a los jubilados y pensionados donde bancos y algunas entidades utilizaron estos fondos para el cobro de cuotas atrasadas en créditos tomados por los usuarios, perjudicando de esta forma, en un momento muy difícil, a muchos de nuestros adultos mayores con dificultades para poder subsistir.
En este sentido todo el movimiento y el INAES en particular tomó debida nota de los reclamos realizados por las Confederaciones y envió nota al BCRA a efectos de considerar que dicha norma provocaría un doble efecto negativo.
Por un lado, retrotraer los avances tecnológicos a décadas pasadas (ya que se debería volver a utilizar la antigua chequera de pagos) y por otro a calificar a los que no abonen mediante el débito automático en su cuenta y no utilicen otro medio de pago, a ser calificados en situaciones de riesgo, haciendo que una masa importante de personas, pasen a engrosar aún más las filas de excluidos del sistema financiero, por comportamiento indebido en sus pagos y desmejoramiento en la central de deudores.
En el mientras tanto, se está trabajando fuertemente con el Organismo de Contralor a efectos de buscar alternativas a estos y otros inconvenientes, para poder mejorar la asistencia a nuestros asociados, incluyendo de esta forma a una mayor porción de la sociedad dentro de la economía formal.
No debemos dejar de comprender que las Cooperativas de crédito y las Mutuales de ayuda económica, son entidades reguladas, tanto por la supervisión del INAES como por la UIF y la AFIP. Que sus Federaciones y Confederaciones trabajan desde hace años en mejorar y profundizar los controles, mediante la participación activa de sus técnicos, buscando mejorar la calidad de los servicios, los riesgos que estas entidades administran y en resumen dar más transparencia al sector.
Nuestras entidades son entidades de cercanía, de proximidad, que conocen a sus asociados, sus comportamientos y cuentan con normas de crédito más flexibles, que hacen que estos fluyan con mayor agilidad que el propio sistema financiero.
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Por último, un tema para destacar y no olvidar; el INAES ha conformado cerca de cuarenta comisiones técnicas de trabajo, estas comisiones están integradas por distintos actores y hasta el momento, se han inscripto cerca de 3500 personas. Funcionan al menos una vez al mes y tal como dije al comienzo de este artículo, sirven para ir fijando bases para luego generar políticas públicas para nuestro sector y la comunidad.
En realidad, estamos frente a un nuevo INAES, de puertas abiertas y trabajo conjunto. De algo no quedan dudas, en nuestro sector estamos trabajando.
Fuente: Ansol