Por Roberto Fermín Bertossi
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es el órgano nacional de aplicación, regulación, control y sanción en materia cooperativa y mutual. La ley 25.188, de Ética en la función pública, regula este ejercicio estableciendo un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se pretendan desempeñarse en la misma, en todos sus niveles.
Actualmente, Mario Cafiero es el presidente del INAES, pariente directo por consanguinidad del Jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero. Según el régimen de incompatibilidades de la mencionada ley, en su artículo 2, inc. i, establece y prescribe que los funcionarios y empleados públicos deben abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentren comprendidos en alguna de las causas de excusación previstas en el código procesal; se trata del artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que incluye, entre otras causales, el parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad: padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, primos hermanos, suegros, cuñados y nueras/yernos.
Poco tiempo después de asumir su cargo, el actual titular del INAES denunció al ex presidente Mauricio Macri y a su gestión neoliberal por “cooperativicidio”. Aseguró que la cantidad de cooperativas cayó a la mitad durante la Administración anterior. Con profusas declaraciones periodísticas, el ingeniero Mario Cafiero sostuvo: “Cambiemos tenía una mirada neoliberal sobre este sector, no solo lo desatendió, sino que, además, canceló matrículas en forma masiva, se trató de un cooperativicidio. Las matrículas cayeron de 21.000 a 10.500; el gobierno de Macri no quería que esta pata de la economía funcionara más”.
Paradójica, el mismo ingeniero Cafiero conservó en el staff oficial de autoridades del organismo al CEO de Macri en el INAES, Marcelo Oscar Collomb, nada menos que en el cargo estratégico de Director de Normas, y del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales.
En otro orden gravitante de cosas, el directorio del INAES se integra con siete miembros, de los cuales las corporaciones cooperativas y mutuales imponen cuatro, esto es, la mayoría decisoria, de inusitada gravedad institucional (artículos 85, 99, 100/113 y siguientes del Decreto ley 20.337/73).
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Semejante anomalía institucional, inadmisible, se agrava más aún cuando los titulares de confederaciones de cooperativas, de mutuales (CAM), y hasta el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), integrarían dicho directorio, de manera ilegal, conforme lo establecido por la mencionada ley 25.188 de ética pública: “Incompatibilidades y conflicto de intereses”, artículo 13, es incompatible con el ejercicio de la función pública: dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades.
De tal manera, conforme precisamente a la citada ley y sus modificatorias, tanto el señor Ariel Guarco, titular de la Alianza Cooperativa Internacional, como Carlos Iannizzotto, de Coninagro, y Alejandro Russo, de la CAM, estarían legalmente inhabilitados para ser las máximas autoridades del INAES como integrantes plenos de su directorio.
Finalmente, ante la evidencia de la situación deficiente en que se encuentra la administración pública en general, y la creciente demanda social a favor de un mayor sentido ético y de servicio en la gestión pública, ya a más de un cuarto de siglo de la última Convención Constituyente de 1994 (importante modificación de nuestra Carta Magna, cuando prevenida e informadamente introdujo nuevos derechos e instituciones y confirió al texto constitucional una legitimidad que estaba cuestionada), que estableció en el artículo 85 un sistema de control externo del sector público nacional mediante una Auditoria General de la Nación, entonces, sin demora, esta última debiera expedirse contundentemente para asegurar la gestión legal, transparente, concursadamente idónea, eficaz, eficiente, democrática, federal y sostenible, con neutralidad política y corporativa en el ámbito, sentido y alcance del INAES.