El costo de energía eléctrica en nuestro país ha sufrido fuertes incrementos desde que Cambiemos es Gobierno (alrededor de 1200% en CABA). La energía debía recuperar su valor perdido históricamente desde el 2003, eso queda claro.
Sin embargo, si el contexto social no es el ideal el aumento se podría haber pactado a mayor plazo, no había necesidad de “acomodar las tarifas en solo cuatro años de gestión”. Debió haberse consensuado con el resto de los partidos políticos una readecuación tarifaria a largo plazo, que se acomode al bolsillo de la gente y no viceversa. Es increíble la insensibilidad del Gobierno Nacional para determinar semejantes aumentos en tan corto plazo. No era el momento ni el contexto, los ciudadanos argentinos cuentan las monedas para llegar a fin de mes.
El sector cooperativo eléctrico atraviesa una compleja situación debido a estas circunstancias mencionadas. Como venimos diciendo en ediciones anteriores, los aumentos en el costo de generación y transporte de la energía eléctrica aplicada a las distribuidoras (cooperativas) provoca en éstas últimas un problema de morosidad significativo, mientras que sus dirigentes son quienes ponen la cara ante la decepción y el reclamo de los vecinos que no pueden afrontar los gastos.
En tal sentido, hacemos hincapié para que las entidades soliadarias expliquen a sus asociados quienes son los que fijan las tarifas del servicio y no quedar expuestos como los “malos de la película”.
A este contexto se le suma la resolución 3442/18 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sin tener competencia sobre los servicios públicos resuelve que las cooperativas deben cobrar por separado y de forma “transparente” el servicio de energía eléctrica de los demás servicios que prestan, sin tener en cuenta el aumento de los costos operativos que esto significa (que termina pagando el asociado) y las decisiones que cada asamblea en cada cooperativa haya tomado soberana y democráticamente.
Esto no solo dificultará aún mas la cobranza de los servicios, sino que producto del desfasaje financiero -hoy se financian con dinero propio de sus asociados- tendrán que “afilar” la tijera y cortar el servicio, siguiendo al pie de la letra la reglamentación de los entes concedentes (30 días del no pago de la factura) cuando hoy lo hacen pasado los 90 días. Ya no se podrá aguantar de manera significativa a los morosos.
Ni hablar de las cooperativas que cumplen con el rol social de la distribución de artículos del hogar, el cual se recauda dentro de la factura de energía eléctrica llegando a ser el servicio más utilizado por los asociados de menos recursos, que ni siquiera forman parte del sistema financiero. Acaso, a partir de ahora tendrán que exigirles garantías o ya no se les podrá entregar ese artículo de primera necesidad que hasta hoy compraban con sólo estar al día con sus cuentas.
Las cooperativas, producto de las decisiones tomadas en asambleas, desde su constitución han resuelto de manera eficaz cubrir sus necesidades básicas. Si esto funciona, y es lo que cada cooperativa determinó de manera democrática, ¿Por qué intentar cambiarlo tomando intervención? ¿Por qué no se deja que cada una se regule bajo el principio de autodeterminación e independencia?
Las entidades solidarias de distribución de energía eléctrica administran los servicios de acuerdo con su marco regulatorio (contrato de concesión provincial/municipal). La resolución del INAES pretende pasar por encima de este contrato, eludiendo las resoluciones asamblearias que dieron origen a cada uno de los servicios y no reconoce que los asociados (según la Ley 20.337 y estatutos de cada una) tienen habilitado un canal democrático para juzgar los criterios de gestión de cada órgano de administración por medio de asambleas.
Quizá es hora de que el Estado reconozca que no tuvo la capacidad de prestar servicios básicos allí donde las cooperativas si pudieron hacerlo. Es el momento de que se reconozca que los vecinos organizados mediante una empresa privada gestionada democráticamente son capaces de prestarse servicios a sí mismos sin ningún fin lucrativo, sino un servicio de calidad.
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Si las cooperativas a lo largo de un centenar de años fueron capaces de hacer crecer su empresa y generar nuevos servicios con mano de obra y desarrollo local, ¿Por qué no dejar que sigan actuando de tal manera?
De una vez por todas el Estado debe entender que si se deja libertad de acción a cada organización cooperativa, está dejando que sus asociados decidan que hacer con su dinero.
De eso se trata el cuarto principio cooperativo: “Autonomía e independencia".