Lamentablemente de las últimas 13 ediciones de Mundo Cooperativo, es decir desde noviembre de 2017, que nuestro periódico ha dedicado gran parte de su contenido (editoriales, notas de opinión y noticias) a las embestidas del Gobierno Nacional para con el movimiento cooperativo y mutual.
Las temáticas de las noticias se repiten una detrás de otras al igual que las palabras que brindan los principales dirigentes de ambos sectores cuando, comprometidamente, intentan explicar a los diferentes legisladores argentinos sobre la naturaleza jurídica de las cooperativas y mutuales.
A fines de 2017, “casualmente” una vez finalizada las elecciones nacionales del año pasado, el Poder Ejecutivo Nacional intentaba gravar con ganancias a cooperativas y mutuales de ahorro, créditos y seguros, a través del proyecto de Ley de la Reforma Tributaria.
Semanas enteras de debates entre los principales dirigentes cooperativos y mutuales y los legisladores argentinos llevaron a que estos últimos comprendieran que se debían eliminar los artículos 23 y 24 de dicho proyecto, entendiendo que de aplicarse la norma se estarían violando la Ley de Cooperativas N° 20.337, la cual establece que las entidades cooperativas no generan ganancias ni rentas, sino que sólo pueden obtener un “excedente” que resultará de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados; la Ley de Mutuales Nº 20.321, donde se determina que las mutuales son “constituidas deliberadamente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica”; y la garantía constitucional de la capacidad contributiva, la cual es una derivación de los derechos constitucionales de propiedad, igualdad y razonabilidad que también ampara a las cooperativas en tanto sujetos de derecho (Artículos. 14, 16, 17 y 28 de la Constitución Nacional).
No conformes con el resultado, desde el Gobierno Nacional volvieron a arremeter este año con el cobro de ganancias a través del artículo 85 de la Ley del Presupuesto 2019, lo que llevó nuevamente a alzar las voces de los dirigentes de la economía solidaria logrando que la Cámara de Diputados modificara el proyecto y dejando de lado la exención mencionada. A cambio, se incorporó una contribución especial (a través del artículo Art. 126 de la Ley de Presupuesto) sobre el capital de las cooperativas y mutuales que desarrollen actividades financieras y de seguros, el cual ya fue corregido en el Senado de la Nación para que dichas entidades paguen un 3 por ciento (en vez de un 6 por ciento) de los activos computables. Para que se sancione la norma resta la aprobación de la Cámara Baja, corrección a la que se niega el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne.
A estos avances del Poder Ejecutivo, los cuales ignoran la naturaleza jurídica de las cooperativas y mutuales, hay que sumarle la pretensión del Gobierno Nacional para que cooperativas eléctricas facturen sus servicios de manera identificada y por separado.
Tal medida, la cual fue mencionada por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, a través de su cuenta de Twitter bajo el argumento de “transparencia” y apoyada en el reclamo de un vecino de Luján, tal como lo cuenta en un tuit, demuestra la falta de interés por parte del Gobierno Nacional para proteger al sector solidario e ignorar así el trabajo del movimiento cooperativo en las localidades del Interior de nuestro país.
De llevarse a cabo este desdoblamiento de facturas, y tal como lo comunicaron las principales confederaciones y federaciones cooperativas del país, atentará contra “la prestación de multiservicios (por parte de las cooperativas), garantizando la calidad de vida, el desarrollo local sostenible, la generación de trabajo genuino y el arraigo de millones de pobladores en el Interior profundo de nuestro país, y que tiene un inmenso prestigio y reconocimiento a nivel nacional, regional y mundial”.
Las exigencias del FMI para cumplir la meta de déficit cero puso a los legisladores a agudizar el ingenio y éstos prefieren la vía más fácil que es gravar a las entidades de la economía solidaria en vez de mejorar los controles para que todos paguemos impuestos en forma proporcional y sin evasión. La deficiencia en esta falta de control (entre otras) del Estado queda en evidencia dentro de su voraz plan de ajuste fiscal en el que se oprime a los de abajo y beneficia a los de siempre, atentando además contra la salud, la educación, la cultura y los jubilados, profundizando aún más la brecha entre ricos y pobres.
Esperamos que el movimiento cooperativo y mutual sea escuchado, prevaleciendo la coherencia por parte de los funcionarios del Ejecutivo Nacional, para que la economía solidaria siga colaborando con el país y así seguir brindando servicios de calidad que ayudan a eliminar la desigualdad social y permitan generar mayor equidad social.