Argentina no encuentra el rumbo para calmar la crisis cambiaria que afecta directamente a la economía aumentando el nivel de inflación y la pobreza. Hace alrededor de quince años que nuestro país tiene una inflación creciente, producto del déficit fiscal y una balanza comercial negativa. Cuando los números no cierran se debe generar más ingresos o ajustar para llegar al equilibrio necesario.
Por un lado, mejorar los ingresos parece la mejor opción, sin embargo, en términos de país, esto se traduce en mayor producción y para ello, es necesario primero generar las condiciones jurídicas y económicas para que los inversores se sientan respaldados por el sistema para proyectar su inversión. Esto lleva tiempo que nuestro país hoy no tiene.
Por otro lado está la opción del ajuste. Desde el punto de vista económico puede ser una buena medida dependiendo en dónde se ajusta. Claro que tiene un impacto social alto por ello, aparentemente, el gobierno de Cambiemos ha intentado realizar un ajuste gradual. Que a la vista de todos parece brutal.
Ambos parámetros -ingresos o ajuste- dependen exclusivamente de la política del gobierno de turno y por ello, con cada cambio de gobierno vamos de un extremo al otro sin generar ese terreno fértil para los inversores, ni tampoco un ajuste definitivo para arrancar de cero de una vez.
Para lograrlo debemos generar políticas de Estado -más allá del gobierno de turno- ya sea para generar condiciones atractivas para que en el mediano y largo plazo los inversores -no especulativos- se decidan por Argentina como país para producir o bien para ajustar y mantener las cuentas en orden. Como cambiar esta matriz lleva tiempo y nuestros políticos no parecen tener interés en políticas de largo plazo (más bien solo piensan en las próximas elecciones).
En medio de esta crisis, la puja de los diversos sectores de la comunidad tiene fundamental importancia, pues es a través de tales factores económicos -producción o ajuste-, cómo se establecen hasta hoy las grandes diferencias sociales.
El gobierno es el primer gran distribuidor de los ingresos entre los diversos sectores de la población. Puede, en efecto manejar directamente la economía estableciendo los precios, los salarios, tipos de cambio diferenciales y, en fin, tomar toda otra medida que influya sobre los ingresos y egresos de la comunidad. Puede en cambio, limitarse a establecer reglas de juego equitativas para provocar una sana y activa competencia en el mercado a fin de que surjan del libre juego de la oferta y la demanda precios justos de modo que los diversos sectores de la sociedad puedan defender libremente el nivel de sus ingresos. Para cualquiera de estos roles que decida jugar, debe ser claro y contundente.
El gobierno debe gobernar de una vez. Tomar el protagonismo y hacerse cargo de su poder. Porque en cada decisión que toma hay gente que puede quedar excluida. Porque en cada decisión que no toma, es decisión que toma el mercado y deja gente excluida.
Las cooperativas por su parte pueden jugar un rol fundamental para aportar estabilidad a la economía. Si partimos de la base que las empresas cooperativas son organizaciones de personas libres y voluntarias que gestionan su empresa democráticamente distribuyendo sus resultados en función de su participación, entonces está claro el poder que cada una de ellas tiene y el poder que tienen en conjunto.
Estas crisis generadas precisamente porque el poder político ya no consigue gobernar una Nación sin el consenso del poder económico se puede restaurar por la misma vía, al mismo tiempo y del mismo modo que el ciudadano toma conciencia de su poder. Cuando el ciudadano tome conciencia también, de que sus elementales necesidades de consumo y uso de bienes y servicios generan un poder económico.
En otras palabras, del mismo modo que el ciudadano toma conciencia de su poder político, asume su posesión y ejerce su derecho cívico, finalmente debe asumir, libre y voluntariamente ese poder económico que de hecho le pertenece, por su mera condición de consumidor y a ejercerlo de derecho, institucionalizándolo a través de cooperativas, principalmente de consumo, de servicios públicos y de producción para lograr en el largo plazo una economía justa, inclusiva, de libre mercado -o regulada mediante asambleas de asociados- y así alcanzar la paz social.