Por Lucas Tasso
Reclamos, marchas con velas, protestas, proyectos inviables y oportunismo político. Los incrementos tarifarios en Argentina están en la mira de todos y el gobierno parece no escuchar todavía.
Los precios del servicio de energía eléctrica en nuestro país sufren un descalabro desde hace mas de quince años.
Durante la administración de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández de Kirchner después, se concibió la transferencia de recursos más grande (mediante la política de subsidios a la generación de energía eléctrica) desde las clases baja y media a la clase alta. De este modo, estos sectores subsidiaron a la gente más rica de nuestro país, a aquellos que viven en Puerto Madero, a los grandes terratenientes, a las compañías extranjeras como las industrias cerealeras, los bancos, los casinos, etcétera. Además, producto del déficit fiscal que generó esta política se forjó una inflación durante sus gestiones de más del 1300% que si bien, fue acompañada con aumentos de sueldos a la clase trabajadora, creó un espiral (aumento de sueldos reflejado en aumentos de precios y más subsidios) del cual hasta hoy cuesta salir.
Esta política puso a muchas empresas (privatizadas y cooperativas) en situación de quiebra, con patrimonio neto negativo, sin tener en cuenta la indiscriminada y mala ejecución de los recursos -en 2015, por ejemplo, el Estado dedicó tres veces más dinero a los subsidios eléctricos (unos 100.000 millones de pesos) que a la Asignación Universal por Hijo ($32.000 millones)- y el hecho de que algo que está subsidiado, no quiere decir que es “gratis”, sino que se paga con impuestos o inflación, como en este caso.
Por su parte, la administración de Mauricio Macri, en un intento de regularizar el precio del servicio que se compone de tres partes (generación, transporte y distribución), sigue castigando a las clases sociales más bajas.
Como primera medida quitó directamente el subsidio a la generación y luego al transporte, pero sin guardar relación con los ingresos de los trabajadores. Por otro lado, benefició directamente, y sin escrúpulos, a grandes empresarios con quita de deuda de sus empresas privatizadas, pero no a las cooperativas que religiosamente siguen honrando sus deudas a costa del bolsillo de la gente.
El federalismo que tanto proponen los diferentes gobiernos ha estado -en este período de evaluación- absolutamente fracturado, las provincias no hicieron eco oportunamente de la política de subsidios a nivel nacional creando así ciudadanos de primera (los de CABA y AMBA) o ciudadanos de segunda (los del interior), es decir, quienes viven lejos de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana Buenos Aires han sido y siguen siendo castigados por las tarifas, creando así una “zona confortable” en CABA y AMBA para que empresas y ciudadanos prefieran para establecerse. Es que a ellos, los aumentos les rigen desde hace años a pesar de tener el costo de compra de energía subsidiado.
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Las empresas distribuidoras -excepto la mayoría de las cooperativas- aprovecharon el congelamiento del VAD (Valor Agregado de Distribución) para paralizar las inversiones y manifestar que los cortes de luz se correspondían directamente a la falta de tarifas/inversiones.
Pasado el tiempo, en diversas localidades los usuarios alzan protestas contra sus cooperativas. Desconocen que el valor de la electricidad les viene impuesta por el Estado nacional a través de Cammesa -Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico- y por el valor de distribución agregado por cada provincia, que en muchos casos no se tiene conocimiento que el método de cálculo sirve de “caja negra” al gobierno de turno.
Mientas tanto, las cooperativas -o mejor dicho sus dirigentes- sonquienes ponen la cara ante el justoreclamo por parte de los usuarios/asociados sin si quiera poderdecidir por aumentar o no elservicio. A su vez, algunos gobernadores han expresando (sin interés de colaborar con la situación) que la “culpa” es de las cooperativas, que son ineficientes y que sumanotros conceptos a la factura de energía y emitiendo resoluciones para que éstos dejen de cobrarse por ese medio, desconociendo absolutamente la voluntad de la
asamblea que le dio origen, que para las cooperativas tienen fuerza de Ley y deben cumplirse.
Habrá que agudizar el ingenio para salir de la turbulencia, el “mejor gabinete de los últimos 50 años” deberá ponerse a trabajar para buscar una solución federal que permita a los usuarios de cualquier punto de nuestro país poder pagar la energía al mismo precio que los habitantes de CABA y así elegir donde radicarse. Un fondo compensador nacional debe ser estudiado en profundidad, con el cuidado de que no siga ocurriendo esta transferencia de recursos hacia la clase alta, con un órgano de control que permita que el manejo de los recursos sea eficiente y bien ejecutada y sobre todo no pueda ser manipulada.